A fines de julio se informó que la entidad chilena de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI Chile), la cual representa los intereses de los grandes sellos discográficos, estaba enviando cartas de notificación a más de 4 mil cibernautas que habrían infringido los derechos de propiedad intelectual al descargar música desde sistemas P2p (como Ares y uTorrent).
En este contexto la ONG Cívico reveló una de estas cartas para conocimiento público, para que las personas se enteren de cómo la IFPI envía los avisos a los proveedores de Internet (ISP) para que éstos, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, notifiquen a los supuestos infractores detectados mientras realizaban descargas ilegales de música.
Según lo informado por la ONG a través de su página web, el proceso parte cuando la IFPI investiga y detecta las IPs de los usuarios chilenos en los sistemas p2p.
Luego envía una notificación al ISP, detallando la IP infractora y los contenidos obtenidos de forma presuntamente ilegal, y el mismo proveedor cursa la notificación al usuario tras contrastar la IP -con la fecha y hora de la eventual infracción- con su base de datos de clientes.
Al respecto, los propios ISP indicaron a Cívico que ellos “no entregan información a IFPI (u otro gestor) respecto de los datos personales del cliente notificado”.
No obstante, de acuerdo a José Huerta Estrada, Director Ejecutivo de Cívico, “este tipo de medidas de amedrentamiento, si bien ceñidas al ordenamiento legal vigente, son bastante cuestionables, en especial a la hora de obtener los medios probatorios para acusar a los usuarios”.
“En el instante en que una persona ingresa a una red p2p para la descarga de un archivo, o en este caso, para detectar las IPs de otros pares de la red p2p, se hace parte del intercambio del material, ‘ayudando’ a la comisión del supuesto ilícito, por lo que la prueba que presentan los gestores podría ser catalogada como prueba ilícita”, agregó.
Hasta ahora, la IFPI habría enviado más de 4 mil cartas con una finalidad educativa. Si bien la ONG advierte que de momento estas notificaciones “no debiesen producir mayor preocupación por parte de la ciudadanía”, admite que el organismo conserva el derecho de interponer acciones legales contra los posibles cibernautas infractores.
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